Published On: Mar, Dic 9th, 2014

Este martes se vota proyecto que sanciona traslado de basura a vertederos clandestinos

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La normativa, cuya discusión se encuentra pendiente en la Sala, sanciona con una multa de 2 a 100 unidades tributarias mensuales a quien encargue el traslado o depósito y con iguales montos al propietario de vehículo con el cual se realice el transporte.

Para el conductor no propietario de dichos vehículos se contempla un sanción de 2 a 50 UTM, además de la suspensión de la licencia de conductor e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años.

Por último la sanción se eleva hasta 150 UTM, si se encarga o realiza el transporte, traslado o depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, en cualquier tipo de vehículo. Adicionalmente, será castigado con presidio menor en su grado medio y con la suspensión de la licencia de conductor e inhabilidad para obtenerla hasta por dos años a quien efectúe el traslado.

La iniciativa corresponde a una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier y Jorge Pizarro ().

En segundo lugar de la tabla se encuentra el proyecto que modifica los requisitos para obtener la carta de nacionalización (), rebajando de 21 a 18 años la edad requerida para solicitar la nacionalidad chilena.

La norma también establece que los jóvenes de 14 años, hijos de padres extranjeros, que han vivido parte importante en Chile, puedan optar a obtener una carta de nacionalización siempre que cuenten con la autorización de quienes tengan su cuidado personal y cumplan con los demás requisitos generales establecidos; así como los hijos menores de 18 años, de padre o madre con calidad de refugiados reconocidos por Chile, quienes podrán nacionalizarse desde el momento en que, al menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización, sin necesidad de cumplir cualquier otro requisitos legal.

La Sala de la Cámara también contempla debatir el proyecto que modifica la ley N° 20.285, para garantizar el acceso universal a la información contenida en las páginas web de las instituciones públicas. ()

Su objetivo es introducir modificaciones en la ley de transparencia de la función pública, para permitir que las personas que se encuentran en situación de discapacidad puedan acceder con mayor facilidad y en forma plena a los actos e información general que emana de la administración pública.

Por último, la tabla de este martes contempla el proyecto que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la ONEMI (), cuya finalidad es establecer la obligación para los medios de comunicación televisiva, de transmitir los informativos oficiales que emita la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) sobre catástrofes públicas u otras emergencias, mediante sistemas audiovisuales que hagan comprensible su contenido a las personas con discapacidad auditiva.

 

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